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Están vigentes en la región Costa-Montaña, 22 de las 44 concesiones mineras

Lucha contra las mineras de la franja costa montaña de Guerrero

JOSEFINA AGUILAR PASTOR
NOTYMAS/CHILPANCINGO, GRO.


De las 44 concesiones de explotación minera aprobadas por el gobierno, solo 22 están vigentes en la región Costa-Montaña, 32 mil 616 hectáreas, el resto fueron canceladas por  desistimiento de sus titulares, derivado de los conflictos que han generado entre los pobladores de las comunidades afectadas.
Maribel González Pedro, abogada del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, dio a conocer que tan solo en la región Costa–Montaña habrían sido otorgadas un total de 44 concesiones para la explotación de yacimientos mineros, en 142 mil 430 hectáreas, sin embargo, por algunas cuestiones de conflictos, el cincuenta por ciento de están ya fueron canceladas por sus titulares.
Entre ellas, se encuentran las mineras Hochschild y Zalamera, en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, donde sus titulares renunciaron a sus derechos, derivado de la lucha legal iniciada por los pueblos originarios, para evitar que dichas empresas, exploten sus riquezas del sub suelo.
De las 22 concesiones vigentes en la región costa Montaña, representan agregó la abogada, 32 mil 616 hectáreas, aunque reconoció que en el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, desconocen de estas, cuantas están activas, en etapa de explotación y cuantas más en la fase de explotación.
Explicó que es difícil detectar los estudios de exploración que hacen las empresas mineras en busca de yacimientos, ya que muchos lo hacen vía aérea o por satélite; sin embargo, también mencionó que derivado de la lucha legal que han iniciado algunos pueblos para defender su patrimonio, la exploración aérea es más vigilada, los pobladores se mantienen atentos de la presencia de cualquier artefacto que sobre vuele sobre sus territorios y de manera inmediata lo reportan.
Se ha fortalecido de manera fuerte la organización comunitaria a nivel regional y es lo que le apuesta del Consejo de Autoridades para hacer una lucha más integral en la región de la Costa Montaña, subrayó la litigante.
González Pedro señaló que la ley minera, es completamente violatoria de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales ni siquiera son reconocidos en dicha norma, “no tiene ningún precepto, que hable sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas” de ahí las constantes violaciones que cometen al momento de otorgar las concesiones que afectan a las comunidades propias en la entidad.

 
 
 
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