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El Congreso violó la Constitución e incurrió en discriminación al desechar la Ley 701

Rubén Cayetano con miembros de la CRAC-PC

*El Colegio de Abogados de Chilpancingo, que representa el abogado Rubén Cayetano García, aplaude admisión de las demandas

REDACCIÓN
MARQUELIA, GRO.


El Colegio de Abogados de Chilpancingo, en voz de su presidente, Rubén Cayetano García, uno de los organismos que más ha apoyado a la CRAC-PC en su lucha por conservar la Ley 701, aplaudió ayer la admisión de las demandas de amparo presentadas por dos casas de justicia de la Coordinadora, en contra de la omisión del Congreso local.
Como recordaremos, el Poder Legislativo tenía la obligación de homologar las leyes existentes a la nueva Constitución Política del estado, pero desechó la Ley 701 de los derechos y cultura indígenas. Al contrario, además de omitir esta obligación, dio entrada a la discusión y análisis de una nueva ley en la materia, enviada por el jefe del Poder Ejecutivo, misma de la que ya se realizaron los foros correspondientes.
Esta decisión se tomó, de acuerdo con lo que se ha venido ventilando, porque la Ley 701, que da sustento al sistema comunitario de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, sirve también de pretexto para que otros grupos tomen las armas y se erijan como policías comunitarias.
Al respecto, mediante un comunicado, Cayetano García dijo que las demandas de amparo fueron admitidas dentro del plazo ordenado por la Constitución; esto luego del desahogo de prevenciones y requerimientos por parte de los Jueces Federales Segundo y Sexto del Distrito de Acapulco, Guerrero.
Las dos demandas fueron presentadas el pasado 6 de abril de 2017, por 1034 indígenas de comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Ometepec, Iliatenco, Igualapa, Juchitán y Marquelia, Guerrero, en contra de la Omisión Legislativa cometida por el Congreso de Guerrero y la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, al no armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
“En la resolución que admite el amparo a los indígenas se requiere al Congreso del Estado de Guerrero, para que rindan su informe con justificación, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles”, explicó.
Dijo que según el resolutivo, el argumento principal para proceder legalmente contra el Poder Legislativo de Guerrero es la violación flagrantemente la Constitución General de la República, en su artículo 2º, la Constitución de Guerrero, en su artículo Tercero Transitorio, así como los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la misma, además del Decreto Número 175 por el que se reformó dicho transitorio”.
Argumentó que eso es tipifica una grave omisión legislativa, porque con ello se impidió que se hiciera concordar y armonizar el texto de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, Número 701.
Expuso: “Por virtud de que habiendo un mandato constitucional expreso y literal en el artículo Tercero Transitorio, fue incumplido, desacatado y violado, configurándose la omisión del legislador, derivando esa omisión en la violación de nuestros derechos humanos, ya que se genera un vacío jurídico a partir de que siendo dicha Ley 701, una Norma Reglamentaria, dependiente un artículo 10 de la Constitución de Guerrero, ya no tiene garantía de vigencia y aplicación, por no haber sido adecuada al texto de la Carta Magna Local, por lo que quedan colmados todos los elementos para no dudar en conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión”.
Dijo que, en efecto la Ley 701 es una Norma Reglamentaria del artículo 10 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuyo texto fue reformado y ya no existe, al igual que toda la Constitución anterior, y por ello el artículo Tercero Transitorio mandató su concordancia, lo que implicaba hacerlo durante los 24 meses posteriores a la entrada en vigor de las mencionadas reformas. Esto, al no ocurrir, lo reformaron concediéndose un plazo de casi un año para hacerlo, mismo que se extinguió el pasado 15 de marzo de este año 2017, sin que los legisladores guerrerenses hayan cumplido con el mandato constitucional y eso resulta bastante fundado para conceder el amparo que venimos a solicitar”.

Acto de discriminación

Cayetano García dijo que la  Legislatura incurrió en un acto de discriminación al no atender un mandato expreso a favor, en este caso, de los indígenas de Guerrero, ya que la Ley 701 les reconoce precisamente lo que concede el artículo 2º de la Carta Magna Federal, como es la autonomía y libre determinación, derechos humanos a tener asesoría legal en su lengua, usos y costumbres, brindarse seguridad, entre tantos y más derechos.
“Se soslaya también la recomendación 9/2016, que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que entidades públicas de Guerrero, coordinaran sus facultades y atribuciones legales y se reconocieran institucionalmente, lo cual en lugar de hacerlo, la violaron.”
Recalcó que es grave la omisión que se ha cometido en el Congreso de Guerrero, ya que se genera un vacío jurídico en perjuicio de las instituciones comunitarias de la Costa-Montaña, así como de los indígenas de todo el estado.
Precisó que se pretende imponer legislación sin que previamente sean consultados sus verdaderos destinatarios, “como son nuestros hermanos indígenas”.

 
     
   
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