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El Primer Sitio Online de la Costa Chica
 

Vicario se defiende; dice que combatirá la inhabilitación que le impuso la SFP

FERNANDO POLANCO OCHOA/IRZA
CHILPANCINGO, GRO.


El diputado del PRI, Héctor Vicario Castrejón, aseguró que no es “definitiva” la inhabilitación por 10 años que aprobó en su contra la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar cargos públicos.
“Es un asunto que no está concluido; no es definitivo”, declaró el legislador este jueves en entrevista por teléfono, quien precisó que la sanción de la SFP es administrativa, por irregularidades en las que Vicario Castrejón habría incurrido cuando se desempeñaba como delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El inculpado añadió que la sanción de la SFP en su contra no es por desvíos financieros o por otras causas graves.
De acuerdo con el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, la sanción fue aprobada el 9 de agosto mediante resolución 0061/2017 por “negligencia administrativa”, la cual está publicada en el portal oficial de internet de la SFP.
Vicario Castrejón anunció que en los próximos 15 días presentará 21 elementos de prueba “que desvirtúen la acusación” y en consecuencia se declare sin efecto la resolución de la SFP.
Explicó que si el órgano de control de la dependencia federal sostiene la sanción, recurrirá entonces al Tribunal de Justicia Administrativa “donde haremos valer estas 21 pruebas que desvirtúan los señalamientos”.
El legislador del PRI, quien se ha caracterizado por defender las políticas públicas del gobierno de Héctor Astudillo Flores en la cámara de diputados, insistió en que la sanción responde a “procedimientos administrativos”.
“A partir de la tragedia (de Ingrid y Manuel en septiembre del 2013), fueron de tal magnitud los problemas en todo el estado, que quizá no observamos estrictamente alguna norma, pero eso no implica que se haya dado alguna desviación de recursos u otra cosa; los recursos los tuvieron las empresas que ejecutaron las obras (de reconstrucción).
“Pudo haber algunos procedimientos administrativos que no se siguieron pero fue precisamente por la gravedad de la emergencia, pero de ninguna manera pudieran ser atribuibles a la comisión de un predeliberado delito”,  deslizó.
Tan es así, insistió, que cuando fue relevado de la Delegación de la Sedatu en Guerrero, en noviembre del 2014, “todos los contratos (de otra) estaban vigentes y (las empresas) estaban trabajando” en las labores de reconstrucción.
Al preguntarle si la sanción de la SFP deja sin efecto su cargo de diputado local, explicó: “Esa inhabilitación no aplica en cargos de elección popular, me limita para ser servidor público de los tres niveles de gobierno”.

Porque, explicó, “no hay criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que tratándose de un cargo de elección, aplique, pero además, en el momento que presente el recurso de impugnación se suspende la inhabilitación”, afirmó.
 
     
   
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