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El Primer Sitio en Línea de la Costa Chica

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Pues con la novedad de que en días recientes los diputados federales nos recetaron una contrarreforma laboral. A pesar de que Peña Nieto ya nos había entregado una ley adelgazada, las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal, PES y MC aprobaron el 21 de febrero que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.
Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, estos últimos de Morena y PRD, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo y añadió el 515 bis.
¿Qué significa esto? Que cuando el trabajador enferma, se le deja en el desamparo, con la mitad de sus percepciones, siempre y cuando el patrón decida de si es candidato a recibirlas. De lo contrario, se le darán cero pesos.
Con esta nueva contrarreforma laboral, el marco legal para los trabajadores se adapta perfectamente con el que rige en los Estados Unidos, donde, en efecto, cuando un trabajador enferma es el sistema de desempleo, no los patrones, los que le dan parte de su sueldo. Lo mismo sucede cuando es despedido, y durante el lapso en que el trabajador se busca un nuevo trabajo.
Cierto que las empresas tienen por ahora cargas gigantescas, que les impiden avanzar. Se conforman en el escenario actual, con conservar los empleos, y en ocasiones ni eso. Este esfuerzo, realmente, lo están haciendo sólo las medianas y pequeñas empresas, puesto que las grandes sociedad y consorcios, privilegian siempre la utilidad sobre el empleo, y no dudan en echar a la calle a los trabajadores, muchas veces sin cubrir sus prestaciones mínimas, como el aguinaldo, la prima vacacional y vacaciones, mucho menos las que aplican en caso de despido, como prima de antigüedad, 90 días de sueldo y 20 días por cada año trabajado.
Esta reforma viene a modificar de lleno el esquema de incapacidades, temporales o permanentes, de los trabajadores, en el entendido de que se abusa de ellas, en contubernio con autoridades de salud y laborales.
Por lo tanto, será la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación del proyecto respectivo que presente la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En esta tarea, participará el empresariado y así como agrupaciones sindicales de corte priista (charros), afines al gobierno federal actual, por lo que debemos esperar que la daga se profundice sobre la base trabajadora.
Ahora bien, aunque durante la discusión de la reforma quedó en claro que tenía carácter transitorio, para dar paso a que las incapacidades se adecuen al avance médico vigente, pues no es lo mismo un accidente de trabajo hace 30 años, que uno ahora, en que se tienen avances tecnológicos y tratamientos mejores. Sin embargo, el riesgo que se corre es que se trate de decisiones unilaterales, y que no se consideren los tiempos de recuperación reales, colocando a los trabajadores ante riesgos de recaídas y daños permanentes.
Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la epidemia por chikunguña y zika, cuando por tratarse de enfermedades nuevas, los médicos no tenían parámetros de evaluación, ni tampoco los trabajadores. Eso provocó que muchos volvieran al trabajo sin tener debido reposo y recayeron, al grado de que hoy muchos aún tienen estragos del padecimientos; otros, que consumieron alcohol en la fase de morbilidad de la enfermedad, fallecieron por daños en el hígado, y muchos más quedaron alérgicos al tylenol e ibuprofeno, per ser muy tóxicos al sistema hepático.

Ahí tiene la noticia. Los sindicatos no mueven un pelo por sus representados, sino que los entregan a los depredadores del erario público, y ahora también a los dueños de los grandes capitales, que quieren ganancias máximas, aun por encima de la vida de la gente. Y nuestros diputados, como Judas, entregándonos con un beso.
 
 
 
 
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