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El Primer Sitio en Línea de la Costa Chica

DESPEJAR

Misael Tamayo Nuñez

Nunca la situación había sido tan crítica en materia de seguridad. Mientras que los delitos golpean al pueblo, no hay mucho que temer de parte de los hombres del poder; incluso pueden morir los luchadores sociales –como sucedió durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero- y nada sucede. Pero cuando la violencia llega a los empoderados, ningún gobierno está a salvo. Ayer mismo, como reacción al homicidio del secretario general del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, miembro del grupo aguirrista Izquierda Progresista de Guerrero, este partido exigió que sea el gobierno federal el que tome el control de la entidad, algo que ya Beatriz Mojica Morga había pedido en su momento.
Expusieron en un comunicado: “Dada la incapacidad de las instancias estatales y del gobernador de Guerrero, demandamos que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en la entidad, para que investigue y se castigue a los culpables”.
Lo que no saben los perredistas es que la seguridad en Guerrero la tiene ya el gobierno federal, que el gobernador no nombró a su secretario de Seguridad Pública, y que éste se entiende con los jefes militares antes que con el mandatario. A Pedro Almazán Cervantes lo hemos visto incluso desafiante con el gobernador; por lo tanto, lo que deben exigir es que sea la Federación la que rinda cuentas de lo que está sucediendo en Guerrero.
El gobernador Héctor Astudillo está en un buen momento para tomar decisiones. El reclamo de la salida del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, ya es viejo pero hoy cobra vigencia. Lo mismo sucede con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán Cervantes, del cual hemos dicho hartas veces que no pertenece al equipo de Astudillo, sino al Grupo Coordinación Guerrero, mismo que está en manos de militares y marinos y, por ende, del gobierno federal. Astudillo ni siquiera tuvo la oportunidad de nombrar a su secretario de Seguridad, pues heredó el del gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, al cual también llegó por recomendación federal, a raíz de la caída de Ángel Aguirre Rivero, y el descontrol político por el Caso Ayotzinapa. Y eso, en definitiva, no es algo normal y hasta podemos afirmar que la Federación impuso a ese figurín en octubre de 2014, y que desde entonces lo que está haciendo es obstaculizar el avance de la estrategia de seguridad, más que ayudar.
El gobernador debe reclamar su derecho a formar su equipo de trabajo en materia de seguridad. Además, debe aceptar que se equivocó en el nombramiento del fiscal general del estado, premiando al defensor del alcalde de Tlapa, Willy Reyes, acusado a su vez de haber mandado asesinar al diputado 500, Moisés Villanueva de la Luz, el cual –como recordaremos-, fue levantado junto con su chofer, al salir de la fiesta de priístas en Tlapa, con motivo del cumpleaños del entonces diputado Javier Morales Prieto, y asesinado en Huamuxtitlán.
¿Cómo pudo el gobernador caer en esa trampa? ¿Quién o quiénes lo llevaron a ella? ¿No había en su equipo o entre los profesionales del ramo, alguien de mayor confianza y mejores credenciales para ocupar la Fiscalía?
En cuanto al secretario de Seguridad, repetimos, sus patrones son los jefes militares de la entidad, no el gobernador. No se acepta porque eso sería políticamente incorrecto, pero la realidad no puede ser tapada con un dedo.

Hoy, el gobernador Astudillo está en una encrucijada, en una Y griega. Lo que decida, impactará en lo que resta de su gobierno, para bien o para mal. La sacudida del árbol que prometió, no ha sido consumada. Cayeron funcionarios de segundo y tercer nivel, pero en realidad no hubo grandes cambios en la administración. A estas alturas, ya todos sabemos quiénes sí tienen compromiso y quiénes no.
 
 
 
 
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