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El Primer Sitio en Línea de la Costa Chica

DESPEJAR

Misael Tamayo Nuñez

El gobierno federal no las tiene todas consigo. Ante su necesidad de elevar la tributación, está estresando a la planta productiva del país, así como la de servicios, al grado de que los empresarios están reclamando una nueva reforma fiscal, que sustituya a la elaborada en 2014, misma que se consumó gracias al Pacto por México, y con la visión empresarial de los panistas, quienes intercambiaron esta reforma, así como la reforma política, a cambio de su voto por la reforma energética, que acabó por comprometer el petróleo y la gasolina del país.
Da el caso de que al tercer año de su entrada en vigor, la reforma fiscal resultó ser retrógrada, pues sus efectos son agresivos y obstaculizadores de la actividad económica, dicen los empresarios.
No se refieren al gasolinazo. Ese es algo extra. Se refieren a las condiciones de la tributación que pactaron los diputados, para darle a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mayores facultades. Fue cuando se decretó que hasta los taxistas, los vendedores de sopes en las esquinas, el comercio informal, debía darse de alta como contribuyente, y pagar impuestos. Las personas físicas que no posean alguna empresa, pero que sobrevivan prestando algún servicio (prestadores de servicios profesionales), debieron hacer lo propio, al grado de que algunas empresas, amparadas en ese requisito, obligaron a sus trabajadores a pasar a esta categoría, desatendiéndose de sus obligaciones patronales. Aún en el sector periodístico, por ejemplo, hay reporteros de medios estatales que desde antes de la reforma ya cobraban por recibo de honorarios, que luego pasaron a ser facturas; de esta suerte, el patrón le da un trato de proveedor de noticias, pero no de empleado.
No se culpa a las empresas, porque resulta que la reforma fiscal de 2014 creó 21 nuevos delitos, pero sin dar ningún derecho a la clase patronal, además de restringir las opciones de gastos a reportar como deducibles de impuestos. Por ejemplo, una empresa zapatera, sólo puede deducir las compras que haga expresamente para ese sector. Los empresarios ya no pueden deducir gastos de despensa, por ejemplo, ni la gasolina de coches particulares, salvo que demuestren que son coches utilitarios; es decir, que son necesarios para el desarrollo de su empresa. Tampoco se pueden deducir líneas telefónicas residenciales ni gastos de menaje de casa, pues ante hacienda no se justifican, de modo que todos estos gastos que un empresario hace para sobrevivir, no pueden ser deducidos.
Los empresarios organizados están, por fin, señalando que la Reforma Fiscal de 2014 es la más agresiva, peligrosa y riesgosa que se ha visto en el país, además de poner en riesgo los derechos fiscales de los contribuyentes, pues se aumentaron los delitos, como ya señalamos, sin generar ningún beneficio. Es decir, que para el SAT todos somos delincuentes fiscales, hasta que se demuestre lo contrario, algo que va en contra del derecho positivo, que señala que se basa en la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.
Hoy más que nunca, sobre todo cuando ya está comprobado que la reforma ha resultado fallida, pues el terrorismo fiscal que padecen los empresarios del país –y en general todo el que se dedique a trabajar o que tenga alguna actividad económica-, no fue suficiente para evitar la bancarrota del gobierno, el cual está sumido en una alta corrupción en todos sus niveles.
El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, puso en tela de juicio las pesadas cargas fiscales que recibe el aparato productivo del país, con el único objetivo de elevar la tributación para equilibrar los gastos del gobierno, sin que ello se traduzca en mayor inversión. Al contrario, que los recursos que se le arrancan a los empobrecidos y castigado empresarios (excepto desde luego de los grandes consorcios), van a parar al agujero negro de la corrupción.
Piden una legislación fiscal, para garantizar los derechos de los gobernados y no entorpecer con cargas fiscales el libre curso de la actividad económica.
Cabe decir que en un supuesto plan anticorrupción el SAT abrió un buzón fiscal, pero ha resultado inútil. Nada remedia la excesiva vigilancia que el SAT ejerce sobre los pequeños y medianos contribuyentes, que son los más desfavorecidos.
Lo más grave es que el sistema fiscal carece de mecanismos de apoyo para que se construyan empresas, así como para las que generan empleos formales.
"Se requiere una Hacienda Pública que mantenga relaciones de respeto y no de interferencia en el aparato productivo", señalaron.

Hoy por hoy, en México el Estado de Derecho en materia económica, que debiera sustentar la competitividad, es una loza sobre los empresarios de todos los niveles. Veremos qué dicen los partidos de todo esto, ahora que se están disputando la presidencia de la República, mientras que en la calle, el ciudadano de pie lidia todos los días por mantener en pie sus negocios.
 
 
 
 
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