------|Sugerencia| ¡Anúnciate!| Contáctanos | Hazno tu página de inicio
 
SERVICIOS
Carta al Director
Libro de Visitas
Buzón de Denuncias
 
OCIO
Horóscopo
Turismo
Chat
MUNICIPIOS
 
 
 
El Primer Sitio en Línea de la Costa Chica

Juegos del Poder

Leo Zuckermann

¡Claro que se limita la libertad de expresión!

 

Si de por sí la ley electoral es absurda, los encargados de aplicarla exponencian la estupidez. Desde la reforma de 2007, y luego la de 2014, se ha sobre-regulado la actividad electoral estableciendo reglas antinaturales para la política. Una de ellas tiene que ver con los actos anticipados de campaña. Supuestamente todos los aspirantes a un puesto de elección popular deben quedarse quietos y callados hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé el banderazo de salida de las campañas. Sí, como no. Ya parece que los políticos pueden quedarse cruzados de brazos esperando tranquilamente.
Desde luego que no lo hacen. A partir de las reformas, los aspirantes han buscado la manera de darle la vuelta a la ley. Unos, como López Obrador y Ricardo Anaya, se hicieron presidentes de sus partidos apropiándose de los spots de radio y televisión a los que gratuitamente tienen derecho para promocionarse. Otros, como Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, han publicado sendos libros que nadie lee, pero que se promocionan más que los de Harry Potter. Los priistas que están en el gobierno de Peña aprovechan esta plataforma para hacer sus pininos. El hecho es que, muy a la mexicana, unos más eficazmente que otros, todos buscan darle la vuelta a una ley estúpida que pretende que los políticos no se comporten como… políticos.
Pero el asunto va más allá. Las regulaciones de actos anticipados de campaña contravienen el derecho a la libertad de expresión. Se trata de una intromisión del Estado en contra de ciudadanos que tienen la legítima aspiración de gobernarnos. Si uno quiere adelantarse y decir que quiere ser Presidente tres o cuatro años antes de la elección, ¿cuál es el problema?
Los defensores de la estupidez regulatoria dicen que es para que haya equidad en las contiendas. Suena bien, pero yo no me trago ese cuento. Que cada político diga lo que se le venga en gana a la hora que se le pegue la gana, con una sola restricción: no usar recursos públicos para tal propósito. Yo no quiero que se utilicen mis impuestos para que un precandidato se promocione. Estoy consciente de que esta discusión no es tan clara, que hay muchos matices que merecen ser discutidos. Por ejemplo, si el dinero de los partidos debe considerarse como público o no. Pero no me desvío. El hecho es que tenemos una ley que pretende censurar a los ciudadanos que quieren gobernarnos. Calladitos se ven más bonitos.
O medio calladitos porque, como ya mencioné, todos buscan la manera de darle la vuelta. Y ahí entran nuestras insignes autoridades electorales que se vuelven más papistas que el Papa.
Hace unas semanas, el Consejo General del INE aprobó por amplia mayoría (diez contra uno) un lineamiento que bautizaron como de “cancha pareja”. Antes del 8 de septiembre, cuando oficialmente comienza el proceso electoral de 2018, todos podían hacer sus triquiñuelas para promocionarse como posibles candidatos. Pero el INE ya determinó que las simulaciones tienen que terminar esa fecha. Luego entonces, han prohibido “la adquisición de propaganda que implique la promoción personalizada de quienes aspiren a un cargo de elección popular a través de la radio, la televisión, medios impresos, publicidad fija, electrónicos, internet o redes sociales”. Los consejeros argumentaron que esto “no implica limitación a la libertad de expresión” porque los aspirantes “pueden dar entrevistas, enviar mensajes en redes sociales y acudir a actos públicos”.
¡Por favor! ¡Claro que se limita la libertad de expresión! Está limitada desde la ley y los consejeros pretenden limitarla aún más. El INE —basado en criterios que ha fijado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— demuestra una vocación censora más allá de la ley. “Muchachitos, se me quedan bien calladitos o los castigo, ¡eh!”.
Huelga decir que los partidos fueron los que legislaron estas leyes estúpidas y los que pusieron a estos consejeros electorales a aplicarla. Y me encanta porque, ahora, todos se quejan. Efectivamente, resulta que más de cien actores políticos, entre los que están siete gobernadores, 116 diputados federales, 52 senadores y la mismísima Presidencia de la República, han impugnado el llamado “lineamiento de cancha pareja”. Tienen toda la razón: es un horror. Son reglas antinaturales que sí limitan la libertad de expresión. Pero ellos tienen la culpa. Ellos, los partidos, fueron los que la legislaron y pusieron a consejeros censores que traen el libro rojo de Mao en la bolsa. Algo hay de justicia divina en todo esto.

 
 
   
 
 
© 2005 - Periódico El Faro de la Costa Chica. Derechos Reservados.