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Opinión

Jorge Zepeda Patterson

Robar no es un pecado

El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo.
El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.
Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.
En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.
En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma. Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción.
No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido. La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.
Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier, de Tabasco; Guillermo Padrés, de Sonora; César Duarte de Chihuahua, o Javier Duarte, de Veracruz, entre otros.
La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.
Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.
Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.
La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.
Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena? Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.

 
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