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Opinión

Jorge Zepeda Patterson

‘America Fist’ o el puño de Trump

El America First de Donald Trump se ha convertido en las últimas horas en un America Fist, o puño americano, para la población latina que reside en EE UU. Las directrices firmadas por John Kelly, secretario de Seguridad Interior, amplían el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles, posibilitando deportaciones masivas: el universo en riesgo pasa de dos a 11 millones de personas. También porque otorgan un enorme poder discrecional a los agentes de inmigración y, potencialmente, a las autoridades locales para convertirse en un incordio en contra de la población de origen latino.
Entre otras cosas, el nuevo decreto contempla deportar de inmediato a indocumentados que han abusado de cualquier programa de beneficios del Gobierno (una definición absolutamente laxa) o, peor aún, de ilegales que son un "riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública". Bajo ese criterio, cualquier joven con un tatuaje puede ser considerado potencial miembro de una banda delictiva y, por ende, ser un riesgo para la seguridad pública a juicio de una autoridad local.
Diversas organizaciones de derechos humanos dan por sentado que esas atribuciones sujetas a interpretación, propiciarán la hostilización por parte de muchos oficiales a personas en razón a su raza, su idioma o el color de su piel. Por si hubiese dudas, los decretos fueron arropados por una presentación que recoge frases de Trump que acusan a los ilegales de "victimizar rutinariamente a los estadounidenses" y constituir "una amenaza para las comunidades".
El discurso de Trump en contra de los ilegales ha sido reiterado pero ambiguo en sus alcances. Al principio de su campaña habló de deportar 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos. Ante la crítica generalizada habló de los bad men que venían del sur y la necesidad de expulsar a aquellos que han sido acusados de un crimen y aseguró que fluctuaban entre dos y tres millones. Pero esa cifra incluía, en realidad, a más de 1 millón de inmigrantes que residen legalmente con green cards y visas temporales. La cifra de ilegales que han sido acusados de un delito se reduce a 820 mil afirma el Instituto de Política Migratoria.
El nuevo decreto incorporaría a esos 820 mil, pero en la práctica y a juicio de las autoridades puede incluir prácticamente a cualquier indocumentado. La cifra real de personas sin papeles es objeto de controversia, pero los especialistas la sitúan entre 11 y 12 millones. Ese sería el universo potencial de las nuevas medidas de deportación.
Existen, desde luego, una miríada de recursos y realidades que obstaculizan que el Gobierno de Trump pueda aterrizar sus propósitos en contra de los ilegales a esa escala. Para empezar, logística: no hay suficiente personal ni capacidad en los centros de detención para procesar casos en cantidades muy diferentes a las actuales, a pesar de los 15 mil refuerzos autorizados. Segundo, las controversias y recursos legales que seguramente habrán de multiplicarse en contra de estas medidas. Tercero, la resistencia de muchas autoridades locales y estatales para instrumentar los decretos del Gobierno federal.
Pero la principal oposición reside en la opinión pública internacional y doméstica en el propio Estados Unidos. El decreto migratorio en contra de Siria y otros seis países musulmanes provocó la repulsa y la movilización de una parte importante de la sociedad estadounidense: marchas multitudinarias, protestas de líderes y celebridades, rechazo organizado por parte de grandes empresas.
Uno pensaría que la influencia de los latinos, su profunda imbricación en la sociedad norteamericana, provocará una reacción mayor. Ojalá así sea. La batalla apenas comienza.

 
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