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Jorge Zepeda Patterson

Es un peligro estar vivo

Detrás de los periodistas liquidados habrá otros que se lo pensarán dos veces antes de publicar
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JORGE ZEPEDA PATTERSON
18 MAY 2017 - 04:40    CEST

Javier estaba convencido de que lo iban a matar. Porque estaba vivo, porque residía en Culiacán, porque era periodista. El lunes fue asesinado. Hace dos semanas, a una pregunta de una reportera de El País, Javier Valdez respondió: “Disculpa, agradezco tu interés, pero por razones de seguridad no puedo dar declaraciones, se puso cabrona la situación”.
Pero su vocación periodística era más fuerte que sus precauciones. Prácticamente cada reportaje, cada columna que escribía en su semanario Ríodoce o como corresponsal del diario La Jornada sentenciaba su muerte.
Horas antes de ser ejecutado de 12 balazos en una calle de Culiacán y a plena luz del día, Valdez publicó un texto sobre El Licenciado, lugarteniente del Chapo, en el que daba cuenta de la batalla que aquel había emprendido en contra de los hijos del capo para convertirse en sucesor y hacerse con el control de este grupo.
La muerte de Javier Valdez ha sacudido a la opinión pública en general y a la comunidad periodística en particular, algo que no deja de ser notable en un país en el que las muertes violentas superarán la cifra de 25.000 personas este año, a razón de casi 70 por día. La reacción es resultado del prestigio que Valdez gozaba en México y en el extranjero; autor de libros sobre narcotráfico y premio a la Libertad de Prensa en 2011 por parte de la CPJ de Nueva York.
Pero la indignación también obedece a que la muerte del periodista sinaloense es la última de un largo rosario de colegas caídos en los últimos años, algo que pone en duda la posibilidad de mantener informada a la comunidad.
Habría que insistir en que la supresión de periodistas, de activistas de derechos humanos o de jueces que fallan en contra de la delincuencia, no es un asunto de números. Ochenta miembros de la prensa han sido asesinados o han desaparecido en los últimos 10 años; desde luego, una cifra nimia comparada con los 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos que arroja la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006.
El problema reside en que al eliminar a un periodista por publicar reportajes que resultan incómodos a los poderosos (sean políticos o sean narcos), lo que se está suprimiendo es el derecho de la comunidad de enterarse de aquello que es vital para el interés público. Detrás de estos 80 profesionales liquidados habrá otros 800 (por citar un número) que se lo pensarán dos veces antes de atreverse a publicar o difundir algo que moleste a los poderosos, algo que se convierta en sentencia de muerte del periodista, como sucedió con Valdez. Y, por otro lado, es un hecho que por cada ejecución hay decenas de amenazas e intimidaciones físicas o verbales en contra de los medios de comunicación y los que trabajan en ellos.
¿A cuántos jueces tienen que asesinar los poderes salvajes antes de que ningún magistrado se anime a condenarlos? Otra vez, no se trata de números, sino del daño irreversible que puede provocar en la impartición de justicia. Algo similar sucede con la prensa. La cobertura informativa de la violencia y de la corrupción regional en México es un arbolito de Navidad, cuyas luces se van apagando hasta dejar a oscuras a buena parte de la geografía nacional.
En el pasado, cuando uno hablaba de poderes salvajes se refería al crimen organizado y sus brutales métodos. Pero los organismos internacionales han documentado que más de la mitad de las agresiones en contra de periodistas y de activistas de derechos humanos procede del ámbito político. La impunidad absoluta con la que han operado los narcos al quitarse de encima a críticos molestos resultó, al parecer, una tentación irresistible para funcionarios y políticos cuando son incomodados por periodistas que exhiben su corrupción y sus abusos.
No es de extrañar que las autoridades hayan sido tan incompetentes para investigar y resolver crímenes en contra de periodistas (a pesar de las fiscalías presuntamente creadas para tal efecto). No se trata sólo de un asunto de ineptitud, sino también de complicidades. Denunciar las cuentas secretas y las mansiones inexplicables de un gobernador o un funcionario poderoso con frecuencia lleva a perder el empleo, a veces algo más.
Lo dijo claramente Valdez al recibir el premio de la CPJ: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el Gobierno. [...] Uno debe cuidarse de todo y de todos”.

 
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