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Razones

Jorge Fernández Menéndez

La fiesta de los gobernadores

Cuando se dio la alternancia en el año 2000, muchos mandatarios se comportaron como señores feudales.
Ha ocurrido con la corrupción, pero también con la economía y con la seguridad. Desde el año 2000 (con sus primeros síntomas en 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la mayoría en el Congreso, como bien apunta María Amparo Casar), los gobernadores se encontraron con un Poder Ejecutivo federal cada vez más atado a controles políticos y legales, con menos recursos y atribuciones reales, con un Congreso en el que fue imposible imponer una agenda viable durante años, mientras los propios gobernadores que no tenían ninguna de esas limitaciones.
El diseño político del país, en forma errada y sólo en ocasiones inconsciente, fue creando un sistema donde el peso del Ejecutivo federal se iba diluyendo sin poder imponer en los estados los mismos contrapesos y controles que a nivel central. Los gobernadores se convirtieron en una suerte de señores feudales de sus entidades, independientemente de la alternancia. No importaba el partido que alcanzara el poder local: el gobernador no tenía que rendir cuentas a casi nadie, sobre todo, si tenía control sobre el Congreso local que aprobaba sus cuentas. El peso y el control que el Presidente de la República, con todo lo bueno y malo que eso implicaba, tenía sobre los gobernadores se perdió, como se perdió en ocasiones, incluso, el respeto de los gobiernos locales respecto al federal. Carlos Salinas de Gortari, removió a 14 gobernadores y otros tres gobernadores electos no llegaron a asumir sus cargos. Ernesto Zedillo, en la primera mitad de su mandato, removió a seis, cuando perdió la mayoría, ya a ninguno. No hubo ese tipo de movimientos (entendidos como remociones por causas políticas o de seguridad, no por su incorporación al gabinete) con Fox o Felipe Calderón. Salvo el de Ángel Aguirre, tampoco con Peña Nieto.
De allí, y del sentido de impunidad que eso generaba, surgieron dos grandes corrientes de corrupción gubernamental: los gobernadores que terminaron, de una u otra forma, protegiendo e incluso trabajando con el narcotráfico, y los que se dedicaron a saquear recursos públicos. Como decíamos ayer, Tomás Yarrington es el paradigma reciente de los primeros (antes lo fue Mario Villanueva o el michoacano Jesús Reyna) y Javier Duarte (acompañado de Guillermo Padrés, Andrés Granier y muy pronto por César Duarte) de los segundos.
Esa corrupción e impunidad se pudo dar porque los gobernadores (y sus partidos, porque todos, sin excepción, se beneficiaban de ese modelo) no aprobaron mecanismos que pudieran límites similares a los que se le impusieron al gobierno federal. Por eso la mayoría de los gobiernos estatales pudieron adquirir enormes deudas (recuerdo que cuando era gobernador electo un grupo de periodistas le preguntamos a Javier Duarte qué haría con la deuda que había heredado del gobierno de Fidel Herrera: “Patear el bote, mandarla hacia adelante” fue la respuesta del Javier Duarte) y no tuvieron control sobre los recursos presupuestales, cada vez mayores, que les llegaban del ámbito federal, incluso con temas tan sensibles como la educación, la salud y la seguridad.
¿Por qué han pasado tres sexenios y no tenemos una ley de seguridad interior y todo indica que tampoco la tendremos en lo que resta de este periodo ordinario? ¿Por qué han pasado dos sexenios y no se logra sacar una ley del nuevo modelo policial, con Mando Único y con estructura homogénea en los estados? Simplemente, porque a la mayoría de los poderes públicos y fácticos en los estados no les conviene. Los estados y municipios reciben miles de millones de pesos, antes con el llamado Subsemun y, ahora, con una partida que se llama Fortaseg, desde el 2006 para fortalecer la seguridad pública, crear sus nuevas policías y de esa manera hacerse cargo gradualmente de las demandas de seguridad de sus entidades. En la medida en que ha aumentado la inseguridad y la violencia, las partidas, también, han crecido, pero salvo alguna honrosa excepción, los estados no han invertido en una policía eficiente.
Cuando las cosas comienzan a salirse de cauce demandan la intervención de las Fuerzas Armadas, pero tampoco quieren otorgarle a éstas el marco jurídico necesario para operar con certidumbre porque eso les pondría límites a los estados. Al mismo tiempo, tampoco aprueban un marco legal que obligue a los estados a crear sus propias policías, homogéneas y con Mando Único. Por esos agujeros negros desaparecen los recursos públicos, porque no hay normas que limiten y controlen su utilización. Por esos agujeros negros se dan las complicidades del poder con el crimen organizado.
Es un crimen político, pero le hemos quitado poder al gobierno y a las instituciones federales hasta desfigurarlas, al mismo tiempo que, hasta hace muy poco, a los gobiernos locales se les permitió operar con normas laxas y controles, por lo menos, endebles. Es verdad, no todos los gobernadores se corrompieron, pero no lo hicieron por una decisión personal y política, porque para quienes sí estaban decididos a hacerlo el campo estaba abierto.

 
 
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