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Razones

Jorge Fernández Menéndez

La muerte de la reforma policial

Ayer, los partidos le dieron prácticamente el certificado de defunción a la minuta de la reforma policial que impondría el mando mixto en las corporaciones del país. Extraoficialmente se manejan dos versiones. Por una parte, que algunos partidos, particularmente la bancada de diputados del PAN, no quieren discutir por separado las iniciativas de seguridad nacional y de mando mixto. Quieren que las dos vayan en paquete. Sería un error: son leyes que deben ir en paralelo, pero una no puede condicionar a la otra. La otra versión, relacionada con ésta, es que, simplemente, no se llega a un acuerdo porque la iniciativa de mando mixto tiene muchas insuficiencias.
Que el PAN no quiera avanzar en la bancada encabezada por Marko Cortés en el tema es desalentador, pero no sorprendente. Desde la administración de Calderón hubo un sector del PAN que no quiso sacar el mando único. Decían que con ello se vulneraban capacidades municipales pero, en realidad, lo que se buscaba era proteger espacios políticos y de recursos de los municipios, en muchos de los cuales el PAN tiene el control. Lo mismo hicieron el sexenio pasado el PRI y el PRD: en todos los partidos hubo voces influyentes en favor de la reforma policial, pero los grupos de base se opusieron en forma destacada, legisladores provenientes de los estados donde mayor era la inseguridad y también la exigencia de tener policías locales bien preparadas.
Como ya hemos dicho, todo eso se relacionaba con los recursos: cuanto mayor eran los que se destinaban a preparar fuerzas policiales locales, más reticentes se volvían los municipios a avanzar en un nuevo modelo policial. El problema es que tampoco construían fuerzas policiales propias. Los recursos iban a otros objetivos, o bolsillos.
Lo Conferencia Nacional de Gobernadores tiene un acuerdo para sacar adelante el mando único policial, pero los gobernadores no pueden ni quieren presionar a sus legisladores federales para aprobar ese modelo. El presidente Peña, después de lo ocurrido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, donde varias policías municipales estuvieron coludidas con el crimen organizado, también propuso el mando único estatal.
Meses atrás se llegó a un acuerdo para que en vez de mando único se transitara hacia una reforma de mando mixto policial. Ése es un acuerdo político que tampoco ha cuajado porque, en realidad, no alcanza para subsanar los gravísimos problemas que tenemos en la seguridad pública. Porque lo que se necesita es una ley que ordene, desde arriba hacia abajo, a la conformación de esos cuerpos, que homologue desde las normas hasta los uniformes y el armamento, que tenga mandos concentrados y a su vez relacionados con la Policía Federal; que surjan, todos los mandos de todos los estados, de una academia policial única, federal y que no puedan existir mandos a ese nivel que no estén certificados por esa misma academia.
Es verdad que existen municipios que pueden y deben tener sus propias policías, porque son más eficientes que las propias corporaciones estatales. Pero esas son excepciones, no la norma y, por otra parte, no existe ninguna contradicción alguna en que, por ejemplo, pueda existir una policía local muy poderosa en León encuadrada en un mando único de Guanajuato. Hoy, como están las cosas, y como estarían con la propuesta de mando mixto, la obligatoriedad de la norma unificadora queda rendida a la buena voluntad de gobernadores y presidentes municipales. La seguridad debe centralizarse, tener normas comunes, reglamentos comunes, equipo y hasta uniformes comunes para poder homogeneizarlas y sacarlas adelante, hacerlas más eficientes y funcionales. Sobre sus fuerzas policiales municipales y éstas pueden operar contra los criminales. Hoy, salvo honrosas excepciones, terminan siendo omisas, comparsas o cómplices de los criminales.
Por eso mismo no se puede negociar en paquete la ley de mando mixto con la de seguridad interior. Esta última da una cobertura legal al funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero implica también definir espacios y atribuciones de participación. Se puede tener una ley de seguridad interior sin una ley de modelo policial, pero si la ley de modelo policial está mal construida y no resuelve las deficiencias existentes, la que resultará afectada es la propia seguridad interior y se terminará recurriendo, como ahora ocurre, cada vez más a las Fuerzas Armadas para tapar los huecos que dejan las fuerzas de seguridad locales.
Hay un tercer punto que no es menor: no se quiere avanzar en estas leyes por intereses políticos. Algunos ven que la inseguridad se ha convertido en una preocupación electoral insoslayable y quieren explotar política y electoralmente esa carencia. Por lo tanto, para ellos, cualquier medida que se tome para avanzar en el combate a la inseguridad va en contra de sus propios intereses de coyuntura. La sociedad, mientras tanto, sigue desprotegida.

 
 
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