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El Castillo

Llenaron el buche de piedras

“¡Pero qué necesidad!”, nos diría el finado Juan Gabriel si se hubiese enterado del enojo nacional provocado a los ciudadanos por el conocido como el gasolinazo. Habría de preguntarse una y otra vez si existía la necesidad, la urgencia, la maligna intención de ponerle la cereza al pastel o de dejar caer la gota que derrama el vaso. Porque no se trata de una ira despertada solamente por el incremento al precio de los combustibles, sino por la acumulación de errores, de abusos, de fallas, de imposiciones generadas en las dos últimas décadas. Para quienes cuentan con 40 años o un poco menos, resulta ser la mitad de su vida testigo de apretones de cinturón, de abandono de estudios, de dictados gubernamentales en los cuales quedan ubicados como viejos, relegados en la contratación pese a tener, inclusive, su profesión debidamente comprobada, de contar con cédula profesional o, por lo menos, tener una gran experiencia acumulada a lo largo de una trayectoria reconocida.
No debieran equivocarse. Lo visto no es producto del rechazo a una sola acción o determinación, sino del comportamiento de los gobernantes, de los saqueos realizados en todo el territorio y contra todos las áreas de gobierno, de las grandes fortunas amasadas por funcionarios, legisladores, jueces, presidentes municipales, mandatarios estatales, delegados, líderes sindicales, policías, inspectores, regidores a costa de los ciudadanos, generando consecuencias en las cuales lo único multiplicado al millón es la pobreza, lo regresado: epidemias, lo mismo de piojos que de viruela, sarampión, de las vistas como resultado de la miseria y la insalubridad. No puede sino explicarse y tal vez muchos consideren imposible de justificar, la reacción en ciudades como Chetumal, capital de la entidad número uno en recepción de turistas y generadora de entradas por millones de dólares, en las cuales se vieron actos calificados de vandálicos cuando son también representativos de hartazgo, de la necesidad existente por la cual puede llegarse a cualquier extremo.
Intentando de nuevo llevar agua a un molino en franca decadencia, los diputados locales encabezados por el panista Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, y a propuesta de algunos blanquiazules a los cuales les interesa lavarse las manos y cubrirse de nuevo el rostro, ocultando son los creadores de muchas de las hazañas en contra de la economía nacional –ellos mismos se endilgaron la paternidad y maternidad de la reforma energética a la cual hoy exculpan de los gasolinazos dejando traslucir su ignorancia sobre el uso de combustibles para la generación de energía eléctrica, la cual también anda en las nubes-, se paran el cuello presumiendo presentarán un punto de acuerdo al Congreso federal para bajar el precio de las gasolinas. Entre ellos, incluyendo al priísta Raymundo King, se dieron a la tarea de aprobar iniciativas cuyos resultados hoy se padecen sin importar que, como en el caso del dirigente estatal tricolor, llenara de espectaculares cientos de espacios con motivo de la presentación de uno de sus informes como legislador federal en los cuales negaba su aprobación a los incrementos. Tan falso el pinto como el colorado al recordarse las afirmaciones de Martínez Arcila señalando “primero muerto que aliado de los perredistas y de aprobar la llegada de Carlos Joaquín a la candidatura”.
A raíz de la llegada a la dirección de gobierno estatal quintanarroense del fallecido Isaías Capeline Lizárraga, cuyo crimen, por cierto, no se ha aclarado y ni siquiera se ha investigado como debiera ser no sólo por ser un funcionario público con responsabilidades en extremo conocidas y criticadas, sino por tratarse de un evento registrado en un entorno con muchas interrogantes dentro y fuera del círculo político y llegadas hasta el terreno delincuencial, esta área bajo la tutela de la Secretaría de Gobierno cobró muy mala fama. Y sólo argumentando la necesidad de darle una limpia se entiende la llegada de Gener Corona Martín, quien apenas hace un par de meses era el encargado de la comunicación del ex Notario Francisco López Mena. Las razones con tinte policiaco-sangriento esgrimidas cancelaron la oportunidad a Jesús Alcérreca Manzanero, licenciado en Seguridad Pública, con experiencia de policía judicial y, por cierto, detenido en Chetumal por causar disturbios en una escuela primaria pública intentando violar una casilla electoral y portando arma de fuego. Con esos amigos están de sobra los enemigos para Carlos Joaquín.

 
 
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